20.000 MILLONES DE EUROS DE PATRIOTAS ESPAÑOLES EN SUIZA

 

Según publica El Norte de Castilla el director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, no ha hablado directamente de la investigación sobre Rodrigo Rato durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda en el Congreso, pero sí ha insistido, en línea con lo expuesto por el Gobierno, en que el núcleo de la información utilizada por la Agencia Tributaria sobre los contribuyentes que se acogieron a la amnistía fiscal -como el exvicepresidente del Gobierno- proviene de la declaración sobre bienes en el exterior, el denominado modelo 720.

Tanto es así que Menéndez ha reconocido que este modelo “sirve como elemento de control y cruce de datos”. En este sentido, el director de la Agencia ha destacado que desde que se implantó en 2013 la obligatoriedad de esta declaración 197.000 contribuyentes han declarado 124.500 millones de euros en más de 200 países. En concreto, 20.000 millones en Suiza, la mayoría (hasta 14.000 millones) en activos financieros, otros 4.000 millones en Andorra y 260 millones en Gibraltar. “Esta valiosa información permite actuar contra aquellos cuyos datos no sean congruentes con los que se tenían previamente”, ha asegurado Menéndez.

Y es que no todos los bienes ni contribuyentes declarados en el exterior son ilícitos. Sin embargo, en esa labor de control, el director de la Agencia Tributaria ha insistido en que la “valiosa información” del modelo 720 unido a los datos recabados en la “declaración tributaria especial” (amnistía fiscal) ha posibilitado más actuaciones de comprobación sobre aquellos contribuyentes con indicios de bienes no declarados en el exterior o que habiéndolo declarado no sean coherentes con los datos tributarios. En este sentido, Menéndez ha recordado que Hacienda investiga a 7.000 contribuyentes por este motivo.

Además, el director de la Agencia ha querido dejar claro, ante las críticas de la oposición, que la amnistía fiscal exoneraba el delito fiscal, pero no la posible apreciación de delitos de cualquier otra naturaleza. En este sentido, Menéndez ha anunciado que la Agencia Tributaria ha elevado a 715 el número de contribuyentes acogidos a la amnistía fiscal remitidos al Sepblac por indicio de blanqueo de capitales.

Colaboración con la justicia

Por último, Menéndez ha insistido en que la Agencia Tributaria colabora “siempre” con la justicia. En este sentido, ha defendido que el Servicio de Vigilancia Aduanera -los agentes que registraron el domicilio de Rato- actúan como policía judicial en numerosas ocasiones. Así, ha señalado que en 2014 se produjeron 1.822 entradas y registros por parte de funcionarios de la Agencia Tributaria, un 40,59%. Y que el número de expedientes judicializados por esta labor del Servicio de Vigilancia Aduanera se elevó a 384.

Asimismo, ha insistido en que “la ley es igual para todos” y que cuando la Agencia Tributaria detecta indicios de delitos debe denunciarlo. “Las personas anónimas no tienen más ni menos obligaciones o derechos que las más conocidas”, ha explicado. Además, ha resaltado que a veces, la sorpresa y la inmediatez son claves para ser eficaces, en referencia a la sorpresa por la denuncia a la Fiscalía de Madrid para que actuase contra Rato y no ante la Fiscalía Anticorrupción. De hecho, se ha desmarcado del debate sobre qué órgano judicial debería asumir las actuaciones contra Rato al afirmar que “el denunciante no decide si la investigación le corresponde o no la Fiscalía Anticorrupción”.

Sin embargo, las explicaciones del director de la Agencia Tributaria no ha convencido a los grupos de la oposición, que han reclamado la comparecencia del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. “Le envían de cortafuegos”, ha asegurado el portavoz del PSOE, Pedro Saura, quien ha calificado de “vergonzosa” y “decepcionante” la comparecencia por la falta de datos y explicaciones precisas ante la “alarma social” desatada por el ‘caso Rato’. Además tanto desde la Izquierda Plural como desde UPyD han reclamado al Gobierno que se publique la lista de defraudadores fiscales que se incluye en la ley General Tributaria antes de las elecciones autonómicas y locales y no al final del año como está previsto.

 




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